El día 1 de octubre de 2017 mucha gente engañada por los
políticos secesionistas, creyó estar reclamando democracia y libertad en
Cataluña. Lo normal, es que si tales derechos no existiesen, hubiesen sido restituidos
al instante, pues ambos son derechos fundamentales a los que nadie se les
debería negar. Pero la cosa no era tan clara ni tan justa como aparentaba o nos
querían hacer creer a todos. Aquello que pedían ya lo tenían en realidad, en
mismo grado que cualquier país de su entorno e incluso más, ya que viven en un
país con una democracia bien consolidada. Lo que en realidad querían los
secesionistas, cómo era normal, era la
independencia, pero no la independencia económica o un cambio que supusiese un
bien común, con un proyecto alternativo claro para el pueblo; que rompiese con el sistema del dinero fiduciario,
por ejemplo. Lo querían era la independencia para gestionar las ganancias de
sus latrocinios y tapar sus corruptelas del 3%. Eso, aparte de ser una inmoralidad, suponía la ruptura del marco de convivencia
existente y un sinfín de problemas y gastos. Eran más inconvenientes para un
pueblo ya cansado de ver tanta corrupción y pagar impuestos solo para obtener promesas
incumplidas. Lo que pedían conllevaba la pérdida de decisión, y por tanto la pérdida de
la libertad de elección, de millones de
personas dentro y fuera de esa comunidad autónoma. Por supuesto, sería era algo
ilegal e injusto en cualquier país serio
del mundo. Ese derecho democrático es algo
que incumbe a todos los que están dentro del marco de convivencia, por lo que dicho marco no
puede ser destruido sin el consentimiento de, al menos, por
mayoría absoluta de todos los afectados. Por otro lado, de haberse consumado, hubiese
supuesto de facto, perder lo que con tanto
esfuerzo y sangre había costado, un marco de convivencia y un estado de derecho
en una España, donde el sufrimiento, la guerra, el hambre así como el déficit
democrático, había sido algo habitual hasta la llegada de esta constitución. Y
por supuesto, de haberse consumado, hubiese sido algo tremendamente
injusto, que dos millones de personas hubiesen decidido sobre el futuro de
cuarenta millones.
Como sabían que este atropello no la podía llevar a cabo, porque ni siquiera
tenían el suficiente apoyo de su propia
población y mucho menos la ley a su favor;
decidieron hacerlo a las bravas, saltándose la ley. Por alguna extraña razón, llegaron
incluso a pensar que la comunidad internacional iba a ver con
buenos ojos aquello, que era una clara ilegalidad y una injusticia sin duda alguna. Así, que sin más,
llenaron de urnas los espacios públicos sin contraviniendo las advertencia de
la justicia y del estado de derecho, utilizando su policía autonómica y dinero
público para ello, como tantas otras veces, malversando lo que no era suyo. En esas
urnas solo votó el 43% del censo y el 90% dijo si. Pero claro, sin garantías ni un mínimo control
que garantizase la limpieza del escrutinio de la votación. Los datos solo eran
especulaciones muy poco fiables y de dudosa credibilidad. Se sabe que hubo
fraude, que votaron a partir de los 16 años y extranjeros, con clara
intencionalidad de inflar la participación y el resultado. Es lo que tiene
hacer un referéndum ilegal, no hay medios confiables que garanticen que el
resultado es real. Fueron en unas
elecciones hechas por ellos y para ellos.
Pero aún siendo reales los datos, solo 43% de participación no da legitimidad a
nadie para hacer tan magno cambio en un país. La mayoría de los ciudadanos respetaron la ley
y no participaron en la farsa, y estos eran los que no estaban de acuerdo con
la independencia y la votación ilegal.
Los resultados de aquella votación fraudulenta, sirvieron
como argumento al mocho, presidente de
la Generalidad, para legitimar la ruptura del marco constitucional existente,
proclamando una república que duro apenas unos segundos; ya que después
de soltar un discurso absurdo y lleno de victimismo, se retractó inmediatamente, diciendo que había
sido todo algo así como un experimento. Fue un acto de cobardía al que luego
seguirían muchos más, como su huida en
el maletero de un coche a Bruselas, dejando a sus compañeros con el culo al aire y
listos para entrar en prisión. Como no podía ser de otra manera, todo el peso
de la ley cayó sobre los cabecillas de la conspiración. Ningún estado reconoció
aquella república creada sin fundamento legal y consecuencia de una votación
sin garantías.
Ese día fatídico, fue el día de la gran estafa democrática,
en el que se consumó un acto criminal que podría haber tenido gravísimas
consecuencias, de no ser porque la gente ya no es como en el treinta y seis, no
hay armas cómo en Los Estados Unidos y somos más civilizados que antes de tener
esta constitución. La justicia y las fuerzas del orden actuaron para salvaguardar los derechos de
todos, frente a una minoría que quería derribar el estado por la fuerza de los
hechos consumados. También fue el día de la gran campaña propagandística. Una
maquinaria de mentiras se puso en marcha y en radios y televisiones al servicio
del secesionismo, al igual que en las redes sociales, comenzaron a difundirse
noticias falsas, como la de que mil heridos habían sido atendidos en los
hospitales o que a una chica le tocaron las tetas y le rompieron cuatro dedos
de la mano. Se pasaron por los medios todo tipo de vídeos manipulados noticias
falsas y disparates, con el fin de atraer el foco sobre un supuesto conflicto
violento. Todo se demostró ser falso, de los mil heridos se pasó a dos, y uno
fue por ataque cardiaco. Lo que si que hubo fueron policías nacionales heridos,
a causa de la dejación de funciones de la policía autonómica comandada por el
encausado jefe de los mossos Tarpero.
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