La sentencia.

Decepcionante  y blanda es esta sentencia, que una vez más,  desprende ese tufillo pestilente a política que tan poco gusta a los que queremos un poder judicial limpio de esta chusma. Aunque no creo que a nadie le extrañe, pues es bien sabido lo fácil que es en España, que los políticos metan sus sucias manos en las decisiones judiciales.
en el caso que nos concierne, la intervención, como en muchos otros casos, a venido de la mano del fiscal general del estado. Su punto de vista fue crucial para ablandar el corazón de los jueces y dosificar la dureza del golpe. esto se ha traducido, una vez más,  aplicado la justicia en función de la posible reacción del populacho, siendo esta, ni demasiado severa, ni demasiado blanda. Pero claro,  eso no es justicia, es política.

En cualquier país con un sistema judicial ideal, el fiscal general del estado o la abogacía del mismo, son personas independientes, nombradas por el pueblo o por los jueces. Su cargo suele ser vitalicio y gozan de gran inmunidad e independencia a la hora de trabajar en los casos que crean oportunos. Su misión no es rebajar la petición de condena o minimizar los hechos en función de  intereses partidistas, como sucede muchas veces en en España, su misión es presentar los hechos que han vulnerado la ley y defender su ilegalidad; sin miramientos y sin tener en cuenta las consecuencias políticas derivadas del hecho. Evidentemente, no es lo que ha sucedido  con esta sentencia del 1-O, ya que  en nuestro ordenamiento judicial, la abogacía del estado es nombrada  por el Ministro de Justicia, es decir, por gobierno, es decir, por el PESOE. Por si fuera poco intervencionismo por parte del estado,  los beneficios penitenciarios, cuyos tribunales se deciden la suerte de los reos, tampoco son imparciales ni independientes, y mucho menos, permeables a las exigencias políticas del independentismo. En definitiva, estos delincuentes, apenas sabrán lo que es el castigo que reciben muchos presos comunes; digamos que tendrán una cárcel de pijos chupiguay, pese a los gravísimos delitos cometidos contra la convivencia y los derechos de más de la mitad de la población catalana.
Estaba claro desde el principio, que las penas no iban a reflejar la gravedad de los hechos, pues no era conveniente para la campaña de propaganda en curso del PZOE   y de su carismático líder el Dr. Fake. Así que el fiscal general, retiro la acusación de rebelión por orden de sus jefe, demostrándose, una vez más, la insuficiencia del sistema.  

Ahora, mientras los pobres abducidos de los CDRs y demás adoctrinados, salen a reventar las calles y la libre circulación de personas, no pensarán en que todo fue un monumental engaño. Desde el inicio de este movimiento a su difusión, todo pagado con impuestos públicos, se trató de crear una gran mentira, desviando a los ciudadanos de los verdaderos problemas: Colegios que son barracones, falta de confianza empresarial, corrupción, despilfarro, pensiones en peligro, sistema sanitario deficiente, precariedad laboral... En fin, todo un mundo que queda soterrado por una ilusión metida con espátula en los colegios y por los medios de comunicación subvencionados con dinero público. Unos medios que han estado, desde el primer minuto, día tras día, hora tras hora y sin descanso, apoyando el separatismo, criminalizando al estado español, inculcando el odio a todo lo español y manipulando la verdad; todo con el fin de mantener esta farsa llamada república catalana. 

Aun habrá quien piense que la violencia no existió y que no se merecen la pena; la ideología todo lo justifica. el miedo de  los que no queremos tal cosa y temimos por la ruptura del orden constitucional, los que se vieron atrapados por los cortes de carretera, los funcionarios públicos que no pudieron acceder a sus trabajos, así como profesores y todos los afectados por esta locura imposible. La violencia siempre será violencia, a pesar de lo que opine el fiscal que obedece designios políticos.